ESPANHA: “A Lei da Regulação do jogo em Espanha não pode ser emitida a partir de Gibraltar”

El Grupo Codere se opone a las valoraciones que, sobre las enmiendas al proyecto de Ley, emiten empresas con sede en Gibraltar, no sometidas a la legislación española y que operan y publicitan de forma ilegal juegos online en el país.

Codere, multinacional española de referencia en el sector del juego privado y que cotiza en la Bolsa de Madrid, cree necesario dejar constancia pública de su posición ante las valoraciones que, sobre el conjunto de enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, están apareciendo en los medios de comunicación.

“Es inadmisible que se presenten opiniones supuestamente en defensa de los usuarios, cuando lo que se está defendiendo son los intereses de empresas que, desde paraísos fiscales, han violado de forma flagrante la legislación española, que incluye los tratados de la Unión Europea y defraudado a la Hacienda Pública, al no satisfacer impuestos en nuestro país”.

El proyecto de Ley que se está tramitando en el Parlamento no puede consagrar las tesis de los que, incurriendo en el vigente delito de contrabando, operan ilegalmente juego online, desde sus sedes en Gibraltar, no pagan impuestos en España, no generan riqueza ni puestos de trabajo y no están sometidos a ningún control.

Los 100 millones de euros invertidos por los operadores ilegales de juego online en España, en patrocinios y publicidad, no deben otorgar legitimidad alguna, ni pueden tener mayor peso que los 1.700 millones de euros en tasas de juego que paga el sector del juego privado cada año y los 3.000 millones que ingresa Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para las arcas públicas.

El conjunto del sector en España defiende la batería de medidas que se proponen en las diversas enmiendas planteadas por la mayoría de los grupos parlamentarios (BNG, CiU, PP, PNV, IU, etc.). En ellas, se destaca la necesidad de no hacer “tabla rasa” con aquellos que llevan años beneficiándose de su actuación ilegal y creando posición dominante de una forma desleal, exigiéndoles, si quieren acceder al mercado legal que se inicia ahora, las siguientes medidas:
– El cese de sus actividades.
– La eliminación de sus bases de datos.
– Que establezcan sus equipos tecnológicos y servidores en España.
– Que procedan a su inmediata regularización fiscal.

“La creación de una posición dominante en el mercado español basada en la evasión fiscal y la publicidad ilícita, sólo puede corregirse mediante el cierre temporal de su acceso al mercado, y el bloqueo del uso de las bases de datos por la autoridad competente”, señalaron desde la firma.

Los usuarios españoles no pueden creer que su protección frente al fraude, el blanqueo de capitales ilícitos, y los controles necesarios para prevenir los efectos del juego sobre los grupos vulnerables, se resuelvan con los estándares legales existentes en Gibraltar.

“No podemos aceptar que los futuros operadores de juego online en España puedan tener sus equipos tecnológicos y servidores en Gibraltar, escapando de cualquier control y seguimiento por parte de las autoridades españolas. Es necesario que dichos equipos estén ubicados en España, independientemente de que la empresa tenga su domicilio en cualquier país de la Unión Europea, y que su dominio de trabajo sea el (.es)”.

Asimismo, no hay que descartar el ámbito penal para los delitos vinculados a esta actividad, complementando las sanciones administrativas en las situaciones de especial gravedad, como han establecido Francia, Italia, y el Reino Unido, entre otros. “Esta es la vía más oportuna para perseguir la delincuencia internacional, garantizando la seguridad, el control y el rigor que conviene, sobre todo, al interés general de los españoles”.

“Lo que se está discutiendo en la tramitación de este proyecto de Ley de Regulación del Juego en España es, ni más ni menos, el modelo de negocio que queremos para nuestro país. La contribución fiscal ha sido históricamente una de las fuentes de legitimidad de esta industria y la equidad en su reparto es una obligación constitucional”.

La estructura de costes del juego tradicional es muy superior al del juego online y no se compadece con una tributación superior al que éste tenga, sino más bien lo contrario.

“¿Queremos apoyar y desarrollar a las empresas que en España llevan más de treinta años, respetando la legalidad, trabajando en el sector de forma responsable, generando cada año un volumen de negocio de más de 30.000 millones de euros y proporcionando más de 100.000 empleos y que ahora tienen la oportunidad de desarrollarse en el canal online?. ¿O preferimos acomodar la nueva Ley a los intereses de un puñado de empresas gibraltareñas, sin garantías ni control pero que, eso sí, prometen patrocinios e inversión publicitaria?”, señalaron.

Para cerrar, aseguran: “Codere coincide con el resto del sector del juego en España. Estamos ante una oportunidad histórica de regular adecuadamente este importante sector de la economía española, que representa más del 1% del PIB nacional y para ello necesitamos una ley moderna, que impida la competencia desleal y que dote de los mayores niveles de seguridad y transparencia a nuestro sector”.