Actualmente en México existen 32 permisos autorizados para casas de apuestas y están en funcionamiento 349 casinos, de un total de 798 autorizados.
El pasado 23 de abril la Secretaría de Gobernación (SEGOB) realizó un operativo simultáneo en varias entidades del país para clausurar 12 casas de apuesta ligadas a Juan José Rojas Cardona. Esta acción fue consecuencia de la renovación del permiso federal a Entretenimiento de México (Emex) ordenado el 1 de abril del presente año por la Dirección de Juegos y Sorteos.
La investigación hecha por los funcionarios de la SEGOB, sobre el funcionamiento irregular de las concesiones de los casinos de Rojas Cardona, llevaron al Consejo de la Judicatura Federal a presentar una denuncia penal por actos de corrupción ante el Ministerio Público Federal contra 2 ex magistrados, un juez y un secretario técnico, por probables delitos al facilitar adquisiciones y renovaciones de los permisos de casas de apuesta de este empresario sin el debido cumplimiento de la ley.
Las concesiones para operar casinos en México las otorga la Secretaría de Gobernación con base en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual se promulgó hace 67 años, las reglas, por lo tanto, llevan más de medio siglo siendo las mismas. La interpretación, por su parte, sí ha cambiado, aprovechando la ambigüedad de dicha legislación.
Durante muchos años, las concesiones para instalación de negocio de juegos de apuesta que otorgó la SEGOB se suscribía a hipódromos, frontones, peleas de gallos y casinos no permanentes, como la feria de San Marcos, en la capital del estado de Aguascalientes. De 1953 y hasta 1982, el gobierno federal sólo otorgó 3 permisos para la instalación de casas de apuestas, que derivaron en 29 permisos para casinos permanentes.
Actualmente en México existen 32 permisos autorizados para casas de apuestas y están en funcionamiento 349 casinos, de un total de 798 autorizados. La industria de juegos y sorteos legalmente establecidos genera alrededor de 43 mil empleos directos y para este año contribuirá con poco más de 3 mil 500 millones de pesos en impuestos, según estimaciones de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta (AIEJA).
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994) otorgó 14 permisos para casas de apuestas que potencialmente, podrían derivar en 231 casinos en el país, lo que dio inicio al boom de los casinos en México. Entre los permisionarios que se vieron beneficiados por el otorgamiento de estos negocios se encuentra el Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon, que actualmente maneja 82 de los 213 centros de apuestas remotas y 79 de las 201 salas de sorteo de números, todo esto en 19 estados del país. En el año 2008, Hank Rhon obtuvo más de 14 mil millones de pesos de ganancias pero los malos manejos administrativos del ex presidente municipal de Tijuana, en el 2010, lo obligaron a vender el 67.3 por ciento del negocio al grupo español Codere.
El gobierno salinista también accedió a dar permisos al grupo Cesta Punta Deportes, de José María Guardia López, conocido como el “zar del juego”, en Ciudad Juárez; actualmente el grupo Cesta tiene una inversión de más de 12 millones de dólares distribuida en el hipódromo, el galgódromo y el casino de Ciudad Juárez, además de otros centros de apuesta y juegos en la capital de Chihuahua y el Estado de México.
Guardia López se ha visto implicado en escándalos policiacos: en junio del 2003 fue acusado por el ex procurador general de la República, Jorge Carpizo, de lavar dinero del narcotráfico mediante la construcción de templos católicos y una casa del migrante, todo esto con la ayuda del obispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez.
En junio de 1992, Atracciones y Emociones Vallarta SA, de Rodrigo Aguirre Vizzet, hijo del ex regente de la ciudad de México, Ramón Aguirre, fue premiado con un permiso para la operación de casa de apuestas, por lo que actualmente cuenta con 50 establecimientos permitidos, de los cuales funcionan únicamente 26, siendo uno de estos el Casino Royal de Monterrey, que fue incendiado intencionalmente en agosto del 2011, causando la muerte de 53 personas.
En el sexenio del presidente Ernesto Zedillo sólo se dieron dos permisos que derivaron en la posibilidad de habilitar 83 centros de juego.
El gobierno de Vicente Fox entregó 8 permisos para operar casinos, destacándose el que se le otorgó a la filial de Televisa, Apuestas Internacionales, a la que se le concesionó en 2005 un permiso para manejar 130 salas de juego en 25 estados del país, dividido en 65 centros de apuestas remotas y 65 salas de sorteo de números, bajo el nombre de Play City Casino. La facturación de la filial de Televisa ha sido muy alta, solamente para el primer trimestre del 2011 se facturaron 949.5 millones de pesos con solo 25 establecimientos.
En el gobierno de Felipe Calderón se repartieron cuatro permisos para operar casinos, pero fue de llamar la atención que dos minutos antes de concluir su sexenio, a las 23:58 horas del 30 de noviembre, el ex mandatario entregó, a través de la SEGOB, dos permisos para operar 94 casinos, a favor de la empresa Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona, de cuyo permiso derivaron los otorgados a Producciones Móviles y Exciting Games.
Los dueños de Emex son investigados en Estados Unidos por lavado de dinero, por ese motivo, y otros más, el 3 de enero un juez ordenó la suspensión definitiva de los permisos que otorgó el panista Felipe Calderón.
Las concesiones de último minuto hechas por Felipe Calderón, fueron anuladas en 2013 por un juez, ya que estas empresas estaban vinculadas con probables hechos criminales.
Son varios los colaboradores del gobierno de la administración pasada que han sido acusados de corrupción con las concesiones de casinos; tal es el caso de Roberto Gil Zuarth, que ha sido señalado de cobrar altas cuotas para facilitar el otorgamiento de estos permisos de juego, cuando fue secretario particular del presidente Felipe Calderón.
Las reglas de la Ley de Juegos y Sorteos son poco claras y han beneficiado la participación extranjera en el negocio de los casinos y las apuestas; aunque en los registros públicos de la SEGOB no aparece el nombre de la multinacional española CODERE (propiedad de la familia Martínez Sampedro que cotiza en la bolsa de valores de Madrid), esta empresa opera la cuarta parte de los casinos en México.
Codere es dueña desde el 2011 del 84.8 por ciento de las acciones de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas (ICELA), que a su vez aparece como accionista de la Administradora Mexicana de Hipódromos; esta concesionaria está también autorizada por SEGOB para operar 65 centros de apuesta remotas en el territorio mexicano, de las que 51 operan en 20 estados del país, como Sports Books, Yak, Jakpot y Royal Yak, además de tener a su cargo el Hipódromo de las Américas de la ciudad de México.
La trasnacional española también ha adquirido acciones de otras permisionarias de casas de apuestas del país, como la de Promotora de Juegos de México y la ya referida compra de acciones del Grupo Caliente, lo que la hace ser hoy por hoy la empresa operadora de apuestas con mayor presencia en salas de juego de México, con una participación en 94 locales, que en conjunto manejan 19 mil 571 terminales de juego en las principales ciudades del país, lo que equivale al 26.9% de los 349 establecidos. Este negocio le reportó a Codesa en 2011 ingresos por 291.5 millones de euros.
La Ley de Juegos y Sorteos debe cambiar y ser más transparente en las asignaciones a los prestadores de este servicio, tener reglas más claras y estrictas para evitar la simulación que se da actualmente, y además una supervisión que combata la corrupción y el lavado de dinero que se da muchas veces en estos centros, junto con una severa fiscalización que evite la evasión.
El negocio de los casinos bien llevado puede ser motor de creación de empleos, fomento del turismo y generador de divisas y de ingresos para el Estado y frenarse la corrupción que hay en esta industria del entretenimiento.
A propósito del Día del Maestro
El día de ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que de acuerdo con su análisis, hecho con un cruce de datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial y las bases de nóminas magisteriales del último trimestre de 2013, 70 maestros perciben un sueldo superior al del presidente Enrique Peña Nieto, además de que hay en el estado de Hidalgo 1,440 profesores que cobran un sueldo y que tienen como fecha de nacimiento el 12 de diciembre de 1912, es decir que estos supuestos mentores tienen más de 102 años.
El análisis del IMCO, se ha prestado a muy malas interpretaciones y a dado pie a un linchamiento mediático por parte de varios medios de comunicación hacia los profesores del país y que se les estigmatice a éstos como gente conflictiva, revoltosa, corrupta y sin la más mínima ética, además de que se cuestiona a la actual administración gubernamental el no haber tenido la supervisión para frenar esta corrupción existente en el sector educativo.
Es necesario aclarar que el análisis del IMCO se hizo con base en un censo mandado hacer por el gobierno en el sector educativo para precisamente tener un diagnóstico y poder corregir las fallas que tiene el sistema escolar del país. Por otro lado son una minoría de profesores los que gozan de sueldos estratosféricos y si realmente son muchos los mentores que no trabajan en un salón de clases ya sea por ser aviadores o son delegados del sindicato; pero si no se tiene la información, no se puede reestructurar esto para un mejor funcionamiento.
El mal funcionamiento del sector educativo en México, no empezó en la actual administración no es un conflicto de generación espontánea como lo quiere hacer creer varios gentes ligadas a la administración pasada y que fueron precisamente ellos los que privilegiaron sus vínculos con los líderes sindicales del magisterio como Elba Esther Gordillo con Felipe Calderón.
Fonte: SDP Notícias
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